WWF y Fundación Nueva Cultura del Agua presentan un informe económico sobre el embalse de Melonares y el proyecto de la presa de Alcolea

• Las organizaciones presentan hoy un informe que evidencia el despilfarro económico en la construcción del embalse de Melonares y el proyecto de la presa de Alcolea.
• El estudio económico calcula por primera vez todos los  ‘costes ocultos’ que habría que recuperar de estos dos megaproyectos, más de 10 millones de euros al año para el caso del embalse de Melonares, y 544 millones de euros de inversión incluyendo la terminación de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y la red de distribución para riego desde dicho canal que terminan por ser subvencionados  en buena medida por las arcas públicas.

El embalse de Melonares, en Sevilla, y el proyecto de la presa de Alcolea, en Huelva, son dos ejemplos paradigmáticos de un negocio ruinoso: millones de euros de las arcas públicas y fondos europeos invertidos en dos megaproyectos hídricos sobredimensionados e innecesarios. WWF y la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) presentan hoy un informe que realiza un estudio económico de ambos casos que evidencia los problemas económicos de estas obras.

El informe muestra que en ambos casos, costes como los medioambientales o los relativos al servicio de utilización del agua que figuran en los proyectos, son muy inferiores al precio real o ni siquiera se contemplan, dando una imagen  de falsa rentabilidad. Este informe de WWF y FNCA estima por primera vez todos estos ‘costes ocultos’, y el resultado muestra que estas obras se convierten en auténticos agujeros negros de inversión pública con una escasa rentabilidad, que terminan siendo subvencionados a fondo perdido.

En el caso del embalse de Melonares, cuya construcción finalizó en 2007, el informe determina que en torno al 84 % de los costes ambientales y del agua no se contabilizan para establecer el canon de regulación y las tarifas del agua, una cifra que asciende a más de 9 millones de euros,  siendo el nivel de recuperación de los costes de este servicio del agua  muy bajo, en torno al 15%. El total de costes a recuperar cada año asciende a 10.802.078 euros, frente al 1.640.004 que representa el canon y la tarifa de utilización del agua girada por la CHG correspondiente al ejercicio 2018.

“De los resultados del análisis se puede concluir que, en el procedimiento seguido para la evaluación ambiental y la autorización del embalse de Melonares, así como en el de su financiación, se ha omitido una completa identificación y cuantificación de los costes del proyecto que han viciado las decisiones adoptadas”, explica Francesc La Roca. Cabe recordar que el embalse de Melonares se construyó con el objetivo de garantizar el abastecimiento de Sevilla y su zona de influencia tras la grave sequía de 1992-1995, finalidad que permitió que recibiera financiación europea. Sin embargo, desde el inicio de las obras hasta la actualidad, se puso en marcha un programa eficaz de gestión de la demanda de agua, con campañas de ahorro y mejoras en las pérdidas de la red de distribución que garantizó el abastecimiento y no hacía necesario el embalse.

El otro caso analizado es el del proyecto de la presa de Alcolea, que se remonta al año 2000 cuando recibe de la Secretaría de Aguas y Costas el visto bueno a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y del que en la actualidad solo está ejecutado el 20% de la obra, porque desde 2017 se paraliza su construcción. El proyecto de Alcolea sigue vivo, de hecho, la Junta de Andalucía el año pasado solicitó al Gobierno terminar la construcción de esta presa que, desde el inicio, en opinión de WWF y FNCA, su expediente ambiental presentaba deficiencias y omisiones importantes.

En el caso de la presa de Alcolea, el informe demuestra que si el proyecto incluyera los costes de tratamiento de las aguas del embalse, algo muy probable debido al grave problema de la contaminación de sus aguas con metales pesados de los relaves mineros, anularía la rentabilidad de la inversión de este proyecto. El informe estima que los  costes de mantenimiento y explotación de la presa, incluyendo el tratamiento necesario de las  aguas de la presa de alcolea para su utilización ascenderían a más de 28 millones de euros anuales. Estos costes repercutirían en 1140 euros anuales por ha de nuevos regadíos.

“Creemos que es necesario una moratoria de la obra de la presa de Alcolea hasta que se haga una evaluación ambiental actualizada y más exhaustiva”, explica Abel La Calle.

La construcción del megaproyecto hídrico, adjudicado en 2008 a la UTE Presa de Alcolea (integrada por Sacyr, S.A. Rafael Morales, S.A. y Prinur, S.A), comenzó en 2012 y cinco años después se paraliza por un desacuerdo debido a un sobrecoste de la obra en un 20% (inicialmente su presupuesto ascendió a más de 52 millones de euros) ante el descubrimiento de unas características geotécnicas no previstas.

El estudio de WWF y FNCA determina que este proyecto sería muy poco rentable para la economía de la provincia, por varias razones. Entre ellas, porque los datos de partida del margen neto de los cultivos que figuran en el informe inicial no se ajustan a la situación actual, y además en relación al agua se  calcula una recuperación de costes financieros de entre el 44 y el 56%. Además, el expediente del proyecto sólo calcula los costes de mantenimiento y conservación tanto de la presa de Alcolea, el Canal de Trigueros y el sistema de distribución, pero no incluye los de tratamiento de aguas.

Un balance que no es positivo. El proyecto de terminación de la presa, el cual todavía no ha sido licitado, supone una inversión estimada de unos 95 millones de euros. Pero, a ello es necesario sumarle la construcción del canal de Trigueros (una obra complementaria para canalizar las aguas), la red de distribución de riego; y la conexión del anillo Huelva, lo que eleva la inversión total a más de 544 millones de euros, de acuerdo al informe a partir de los datos de ACUAES (empresa pública dependiente del MITECO).

“Una obra pública de esta magnitud tiene que justificarse por su necesidad, por lo que debe formar parte de un marco de planificación estratégico que dote de coherencia a la actuación con los objetivos de las distintas políticas públicas. En el caso de este proyecto no se ha desarrollado el análisis de su necesidad con rigor y es necesario replantearse si queremos invertir millones de euros de las arcas públicas en una obra que no tiene sentido hoy en día, cuando existen otras inversiones prioritarias que sí benefician a toda la sociedad”, explica  Rafael Seiz, técnico de políticas del programa de Agua