La primera convocatoria de ayudas del Programa de Desarrollo Rural para 2018 sumará otros 56,5 millones. 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio invertirá un total de 110,05 millones de euros en obras forestales entre 2018 y 2020. Así se recoge en el informe presentado hoy al Consejo de Gobierno por el titular de este departamento, José Fiscal, sobre las políticas de la Junta en esta materia.

Los proyectos previstos se centrarán en trabajos preventivos (71,5 millones), tratamientos selvícolas para la mejora de masas forestales y hábitats (32 millones) y restauración de zonas incendiadas (6,1 millones), entre otros objetivos.

A estas inversiones se sumarán las ayudas del Programa de Desarrollo Rural (PDR), que en la primera convocatoria de 2018 recoge 56,5 millones de euros para restauración de ecosistemas, 25 millones para aprovechamientos forestales 14,5 millones para prevención de incendios, y 6,5 para mejora de la planificación.

Esta programación se incluye en el Plan Forestal Andaluz, documento aprobado en 1989 con 60 años de vigencia y cuya cuarta revisión para el próximo quinquenio se está elaborando ahora. En ella se prestará especial atención a potenciar aquellas funciones y servicios de los territorios forestales que, sin tener un valor directo de mercado, presentan gran interés estratégico para la sostenibilidad del desarrollo económico, singularmente el papel en la absorción de los gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático.

El desarrollo de este plan se apoya en los planes de gestión integral de montes públicos, los planes estratégicos de dinamización de recursos forestales y la participación activa de las comunidades locales en la gestión de los montes públicos propiedad de los ayuntamientos. Los primeros se desarrollan actualmente en 163.677 hectáreas de las ocho provincias, con un presupuesto de casi 46 millones de euros para diez años y una previsión de 583.127 jornales en 70 municipios.

Estos planes de gestión siguen un modelo único en España de colaboración con el tejido productivo local orientado a revertir los beneficios económicos de los aprovechamientos forestales en las comarcas donde se generan. Actualmente están en marcha siete y cada uno d ellos se desarrolla en un conjunto de varios montes de titularidad pública que, por su proximidad y sus características comunes, pueden gestionarse de forma homogénea, con técnica empresarial y proyección social, evitando acciones parceladas y privatizaciones del patrimonio forestal. Se combina así el aprovechamiento de los recursos (principalmente corcho, piña, caza, apicultura, ganadería, setas y usos turísticos) con las medidas de mejora del medio natural relacionadas con la biodiversidad, la geodiversidad, la higiene fitosanitaria, la prevención de incendios y la conservación de infraestructuras y vías pecuarias. La gestión integral permite asimismo abordar nuevas actividades económicas que no podrían llevarse a cabo de forma desconectada.

En cuanto a los planes estratégicos para la dinamización de los recursos forestales, ya se han presentado los del alcornoque y el corcho, el piñón y el castañar. En proceso de elaboración se encuentran el micológico y el de plantas aromáticas, mientras que próximamente se iniciará la elaboración de los correspondientes a la madera y biomasa y al de pastos y la ganadería en terrenos forestales.

El 50,5% de la superficie total de Andalucía es forestal. Los bosques, matorrales, pastizales y otras áreas ocupan 4,42 millones de hectáreas. Dentro de esta superficie, 2,9 millones corresponden a terrenos arbolados, donde sobresalen las especies quercíneas (encinas, alcornoques, quejigos y robles), con 1,7 millones de hectáreas, y las distintas variedades de coníferas, con 839.000.

Un total de 394 municipios tienen carácter forestal y concentran una población de 1.118.620 habitantes, lo que supone el 14% de la población andaluza. Los montes públicos suponen 1.266.980 hectáreas. De ellos el 44,98% son de titularidad autonómica y un 48,04% de las entidades locales.