El informe del ‘grupo de sabios’ propone subir los impuestos del diésel al 28% y la gasolina un 10%, para que la electricidad baje un 6,8%.

El informe que servirá de base para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética plantea subir un 28% el impuesto de gasóleo y un 10% el de la gasolina, así como el IVA, para bajar el precio de la electricidad, que tendría un recorte del 6,8% en el recibo. Los 14 expertos que han elaborado el informe, que será entregado el lunes al ministro de Energía, Álvaro Nadal, proponen también unos escenarios con muy alta penetración de renovables, aunque subrayan las dificultades técnicas que existen para alcanzar los objetivos previstos para 2030.

El informe plantea distintos escenarios centrándose en la electrificación de la economía y la descarbonización como ejes principales. Proyectan un ascenso de las fuentes renovables y el mix necesario de apoyo para mantener un parque eléctrico equilibrado y con seguridad de suministro.

Los 14 expertos proponen reordenar la fiscalidad energética con criterios medioambientales con la implantación de un impuesto al CO₂ y gases contaminantes en sustitución de los actuales impuestos de hidrocarburos y de electricidad.

Esta disposición compensaría la supresión en el recibo de la luz de los peajes que no tienen que ver con la generación (primas a las renovables, amortización de deuda, costes extrapeninsulares…), que pasarían a ser costeadas por los Presupuestos Generales del Estado (PGE). También eliminaría el denominado impuesto al sol, peaje que se impone al autoconsumo por estar conectado a la red y servirse de ella.

Esas cargas suponen una reducción total de los ingresos de una cifra en el entorno de los 11.000 millones de euros, la misma cantidad que se ingresaría con los cambios tributarios. Como los nuevos impuestos incidiría en el precio del gas, se mermaría la repercusión en el recibo de la luz. En todo caso, el usuario notaría una reducción del 6,8%.

En definitiva, se trasladaría el peso de la descarbonización sobre los ciudadanos que más contaminan y mejorarían los costes de los consumidores eléctricos, que en muchos casos son los mismos. “La medida es regresiva porque penaliza a los que tienen menos y beneficia a los que tienen más renta y pueden comprarse vehículos eléctricos, pero no existe otra salida”, asegura una fuente sectorial.

En cuanto a la penetración de las renovables, es factible alcanzar el 27% de renovables en 2030 (en la actualidad supera el 18% y en 2020 se alcanzará el 20%); pero por encima resulta complicado. Y llegar al 35% que se discute en Bruselas resulta una quimera.

Esta dificultad hace obligatorio mantener energías de respaldo. Es decir, mientras no se desarrollen técnicas de almacenamiento y baterías va a existir un hueco que debe llenarse con fuentes tradicionales como el carbón y la energía nuclear, así como los ciclos combinados (gas). El informe concluye que si a día de hoy se quitaran ambas energías (unos 8.000 MW/h), el precio subiría un 25% en cada caso. Además, el ministro Nadal ya ha subrayado su oposición a clausurar las centrales térmicas y las nucleares de un plumazo. El carbón tiene sus días contados y las nucleares, una vida útil marcada a partir de 2023; aunque podría ampliarse.

Además del impulso de las renovables y el reordenamiento fiscal, el informe pone sobre la mesa otras cuestiones para que se discutan en el Parlamento. Tales como la reforma del mercado eléctrico y los cambios en los hábitos del consumo; la eficiencia energética; la pobreza energética, en concreto que se valore si el bono social debe cargarse sobre los PGE, y la movilidad. En este punto, aunque no entra en detalles, suscita la reflexión sobre el coche eléctrico e, incluso, trenes y puertos.

Otra faceta importante que tiene en cuenta es la necesidad de las interconexiones con la red europea a través de Francia. “Sin interconexiones es imposible sacarlo adelante”, advierte una fuente gubernamental, “es necesario prever cuánta demanda se va a tener y poder servirla”, remacha. En la actualidad, entre la conexión existente y la proyectada, apenas supone el 5% del total cuando se requiere al menos un 10% y en Bruselas ya se está hablando del 15%.

Resumen del Informe