Además, la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la Ley. Esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, en total, un 72% más de agua del volumen permitido.

Otro de los puntos negros del robo del agua en España está en el acuífero de Los Arenales, en plena meseta castellanoleonesa. WWF concluye que en 2019 se regó con agua extraída ilegalmente 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol. Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua. Mientras, en los últimos 15 años, se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de Los Arenales que sitúa el nivel de agua, en Tierra del Vino, la masa de agua subterránea más afectada, por debajo de los 25 metros.

Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano. La zona de Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel, que le llevó a ser declarado sobreexplotado y, en la actualidad, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia.

Por otro lado en Doñana y Aljarafe, el humedal más importante de Europa, los datos que ha obtenido WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores, es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol. En los últimos dos años el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado numerosos pozos ilegales en la zona pero la Junta de Andalucía no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia. Como consecuencia de esta connivencia la sobreexplotación causada por el cultivo intensivo de fresas y otros cultivos se agrava cada vez más, por lo que el Tribunal de Justicia Europea sentenció el pasado mes de junio a España por el mal estado en el que se encuentra este Espacio Natural. Cabe recordar que Doñana ha perdido más del 80 % de sus marismas y el 90 % de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva.

La extracción ilegal del agua además genera una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores.

Mar Menor es otro de los epicentros del robo del agua en España, que además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio de eutrofización que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una auténtica ‘sopa verde’. La causa de este colapso ecológico se debe precisamente a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España. El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones”, afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.

Ante ello, WWF pide a las autoridades una acción contundente para mejorar el control de las aguas subterráneas, modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua. Igualmente demanda finalizar el procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad, y reducir la superficie de regadío.

“No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve. Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas”, afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.

Por ello, ante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, WWF demanda que se incluyan todas las acciones necesarias para abordar este grave problema de manera urgente. Además, la organización reclama que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) aborde el problema de la extracción ilegal del agua para el regadío.